El Consenso de Montevideo (CM) es el acuerdo intergubernamental más progresista adoptado por los gobiernos de América Latina y el Caribe durante la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, realizada en Montevideo en 2013. El propósito de la reunión fue examinar los avances en la región con relación al Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, llevada a cabo en El Cairo, veinte años después de su aprobación.

El CM constituye un documento integral que abarca y atraviesa diversas temáticas, generando un entramado de políticas garantistas de derechos para todas las personas, con una agenda de derechos interseccional con especial énfasis en los derechos sexuales y reproductivos.

En el año 2015, los países aprobaron una Guía Operacional en México, diseñada para orientar de manera específica la implementación de las medidas prioritarias del Consenso. Esta guía no solo facilita la concreción operativa de las acciones, sino que también proporciona herramientas para llevar a cabo su seguimiento y monitoreo.

La especial mención de los derechos sexuales, la importancia de los servicios de salud sexual y reproductiva, medidas contra el aborto inseguro, educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos son parte de los avances a destacar. Sin embargo, todavía persisten desafíos en la región, como la despenalización del aborto, en algunos países, el pleno acceso a la educación sexual integral, la reducción de la mortalidad materna, entre otros.

En ocasión de los diez años del CM, el 15 de agosto de 2023 se realizó una conferencia de prensa convocada por redes regionales feministas y organizaciones de la sociedad civil, de la cual participó Iniciativas Sanitarias, socia de la alianza Fòs Feminista en Uruguay.

Cecilia Stapff, Directora Adjunta de Iniciativas Sanitarias, abrió el evento presentando la importancia del CM y subrayando que aún queda un largo camino por recorrer para lograr la plena implementación del Consenso de Montevideo en la región. Asimismo, destacó el compromiso desde los feminismos en la lucha por la justicia sexual y reproductiva.

Entre los principales compromisos de los países se destacan las siguientes medidas prioritarias, de alcance desigual a nivel regional:

• Asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad (MP11)
• Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas  (MP33)
• Promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud reproductiva (MP 34)
• Promover la prevención y la detección oportuna y garantizar el acceso universal al tratamiento integral del VIH/SIDA y de las infecciones de transmisión sexual (MP35).
• Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños (MP 40).
• Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos (MP 42)

La Directora Adjunta de Iniciativas Sanitarias cerró su intervención recalcando que “A pesar de los significativos progresos de la región en la promoción, protección y aseguramiento de los derechos humanos durante las dos últimas décadas, estas mejoras no han llegado a todas las personas. Muchas aún viven en situaciones de extrema pobreza y se enfrentan a desigualdades originadas por patrones históricos arraigados y por nuevas formas de discriminación, lo que limita el pleno ejercicio de sus derechos”, dijo.

Cabe destacar que este aniversario llega en un contexto político desafiante, donde opciones antidemocráticas amenazan los derechos adquiridos. El rol de los movimientos feministas es clave para mantener la agenda vigente y exigir  que las voluntades políticas se conviertan en acciones concretas.

Junto con Iniciativas Sanitarias Fòs Feminista, participaron de la rueda de prensa virtual referentes de Articulación Feminista Marcosur (AFM), la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos (REDLAC), la Red de Mujeres Afro latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), el Enlace Continental de Mujeres Feministas y de las Américas (ECMIA), la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) y la Family Planning Association of Trinidad and Tobago (FPATT IPPF)

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